Mapa de casos ISDS
Argentina
En contacto con Es un Montón por Radio Provincia, el economista y politólogo analizó el reciene acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos y sostuvo que “no puede ser de libre comercio, por fuera del Mercosur”, porque Argentina está en tal unión aduanera.
El exjefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, cuestionó el acuerdo comercial que el gobierno de Milei negocia con EE.UU., descartó que se trate de un TLC porque Argentina está impedida por el Mercosur, y advirtió sobre una “competencia desigual” entre las pymes argentinas y las grandes corporaciones norteamericanas.
El tema volvió a escena tras el anuncio de que esta semana podría anunciarse un acuerdo “histórico” entre EE.UU. y Argentina. Sin embargo, Ponce pidió cautela: “El momento no es propicio para negociar acuerdos comerciales; estamos intervenidos económicamente y dependemos tanto del Tesoro de Estados Unidos como del JP Morgan”, advirtió.
El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó que un tratado de libre comercio (TLC) entre Argentina y Estados Unidos está “prácticamente terminado” y que lo que resta es definir el momento político adecuado para su anuncio oficial.
El presidente de Estados Unidos ha avanzado que el país ayudará a Argentina para cerrar los detalles de la línea 'swap' de divisas por valor de 20.000 millones de dólares. Durante la rueda de prensa Trump dejó la puerta abierta a un posible acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina, pero sin ofrecer mayor detalle.
Durante más de dos décadas, Argentina fue el país más demandado del mundo por corporaciones extranjeras. Bajo el mecanismo ISDS, empresas transnacionales llevaron al Estado a tribunales internacionales privados por medidas tomadas en contextos de crisis económica y social. Actualmente el país enfrenta 65 demandas, con reclamos por más de USD 36.800 millones. El país ya fue obligado a pagar USD 9.330 millones, una cifra que duplica el presupuesto educativo anual. Los sectores más afectados: energía, finanzas, agua y residuos.
La demanda de AES Corporation iniciada en el CIADI en 2002, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre la Argentina y EEUU en 1991, fue por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá.
Para comprender las implicancias del RIGI es necesario situarlo en el marco jurídico de protección de las inversiones construido desde los años noventa. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que Argentina firmó con 54 países desde los años noventa otorgaban protecciones significativas al capital extranjero: estabilidad jurídica, acceso a arbitraje internacional, protección contra expropiaciones, trato nacional, trato justo y equitativo, entre otros privilegios.
Tras la recepción de la nota remitida el 16 de julio por la casa matriz romana de Enel, comenzó a correr un plazo de seis meses para que el Gobierno responda. Si no lo hace, a mediados de enero del próximo año, el grupo italiano tendrá el camino liberado para ir al tribunal internacional a denunciar al Estado por el incumplimiento de tratado de protección de inversiones extranjeras.
A raíz de la cancelación unilateral de un contrato en julio de 2017, la compañía Kuntur Wasi demandó al Estado peruano ante CIADI, bajo el Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Perú del año 1994.
