Mapa de casos ISDS
Argentina
Según el Transnational Institute, hasta 2025 la Argentina acumulaba 65 demandas en el CIADI y había perdido el 86% de los casos, con laudos por US$10.046 millones. Aunque esas sentencias no son automáticamente ejecutables, los acreedores pueden recurrir a tribunales locales para cobrarlas mediante embargos.
Doce años después de haber recibido un fallo favorable en su juicio contra la Argentina en el CIADI - el tribunal internacional del Banco Mundial al que las empresas recurren en sus diferendos con países- la compañía francesa de agua Saur International busca cobrar la sentencia de USD 40 millones, más intereses.
Para intentar resucitar en el CIADI su demanda fracasada en Nueva York, Burford se basará probablemente en el tratado bilateral de inversión que el gobierno de Menem firmó con España en 1991, un año antes de que su gobierno privatizara YPF.
El economista surcoreano habló en Canal 8 Stream y sostuvo que las potencias occidentales promovieron el libre comercio cuando ya eran desarrolladas, pero apelaron al proteccionismo y a los subsidios cuando lo necesitaron.
A principios de febrero se dio a conocer la noticia de que Argentina y Estados Unidos habían suscrito un acuerdo sobre comercio e inversiones. Las voces críticas sostienen que el documento, lejos de ser un acuerdo equilibrado, funciona como un conjunto de condicionamientos y exigencias por parte de EE.UU. Según esa lectura, el texto no busca un marco de intercambio neutral, sino orientar a Argentina a reformar sus marcos regulatorios para facilitar la apropiación de nuestros recursos.
A 20 años del NO al ALCA, el gobierno impulsa un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Con un texto publicado solo en inglés y sin consulta a la ciudadanía, el Acuerdo Comercial se presenta de manera acelerada, sin brindar la oportunidad de una evaluación profunda, democrática y necesaria sobre sus posibles impactos en la economía, la política y la sociedad argentina.
Los nuevos TLC que impulsa Estados Unidos buscan excluir la participación del Congreso, obtener negociaciones rápidas y utilizan un lenguaje que habilita la posibilidad de modificaciones constantes. Un marco de entendimiento donde Washington se reserva la potestad de introducir cambios si su “seguridad económica” está en juego. Los países que se apuraron firmar acuerdos, negociaron concesiones en base a exenciones y supuestos beneficios de dudosa permanencia en el tiempo.
A 20 años del NO al ALCA, el gobierno impulsa un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Con un texto publicado solo en inglés y sin consulta a la ciudadanía, el Acuerdo Comercial se presenta de manera acelerada, sin brindar la oportunidad de una evaluación profunda, democrática y necesaria sobre sus posibles impactos en la economía, la política y la sociedad argentina.
El 5 de febrero de 2026 se firmó en Washington el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos. Entre el anuncio del marco general y la firma del texto definitivo pasaron menos de tres meses, un plazo inédito para un instrumento jurídico de este tipo, que abarca aranceles, barreras no arancelarias, propiedad intelectual, regulaciones sanitarias, comercio digital, inversiones en sectores estratégicos y cláusulas de seguridad nacional.
Lo quieren vender como un «acuerdo comercial» con la principal potencia económica del mundo. Eso, de por sí, ya es lo suficientemente grave porque la «libertad de comercio» entre dos países es libertad para uno cuando éste tiene un poder económico abrumadoramente mayor. Milei le quiere entregar al trumpismo poder soberano de decisión comercial, tecnológica y de inversión de Argentina.
