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Argentina
El miércoles pasado se suspendió el tratamiento en el Senado del Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile. Desde las Asambleas Mejor Sin TLC de Argentina y Chile rechazaron su aprobación.
Actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario en los Congresos de Chile y de Argentina el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
La Cámara de Senadores de la República Argentina podría aprobar sin debate previo el Tratado de Libre Comercio entre este país y Chile. El polémico acuerdo reduce la capacidad regulatoria de los Estados y otorga mayores beneficios a las corporaciones e inversionistas en cuestiones sensibles como son los servicios públicos.
Luciana Ghiotto, integrante de la Asamblea Argentina Mejor sin Tratado de Libre Comercio, cuenta que el proyecto ingresó a la Cámara Alta sin debate público y explica qué significará la aprobación del TLC.
El Senado argentino se apresta a tratar sobre tablas, es decir sin debatir el tema en Comisiones, el Tratado de Libre Comercio con Chile. Este atropello suma una nueva amenaza a nuestra vapuleada economía y a nuestros servicios públicos.
Los Tratados de Libre Comercio son mucho más que tratados sobre el comercio entre países. Estamos en realidad hablando de tratados que avanzan en la desregulación y liberalización de amplias actividades económicas
Los pequeños y medianos empresarios argentinos se declararon en alerta y denunciaron “las peligrosísimas negociaciones, que en secreto, se vienen llevando adelante para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC), entre el Mercosur y la Unión Europea”.
Un informe de Naciones Unidas detectó que hay en curso 60 demandas contra la Argentina realizadas por inversores internacionales, un 7% del total global.
Son las de Aerolíneas, Suez, Hochtief y Mobil. El tribunal del Banco Mundial aún no definió.
Los TLC son mucho más que Tratados sobre el comercio entre países. Estamos en realidad hablando de Tratados que avanzan en la desregulación y liberalización de amplias actividades económicas que en las últimas décadas han estado en mano de los Estados, como los servicios públicos, las telecomunicaciones y las compras públicas.
